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La Revista Agraria Nº 9 - Lima-Perú, noviembre 1999
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En Catacaos y Mocupe
Conflictos previstos
La
ausencia de normas y procedimientos transparentes sobre titulación del territorio de
comunidades campesinas siguen siendo fuente de conflictos. En Piura, la Comunidad
Campesina San Juan de Catacaos ha iniciado un proceso judicial contra el Proyecto Especial
de Titulación y Catastro Rural (PETT), mientras que en Lambayeque la Comunidad Campesina
San Francisco de Mocupe se alista a enjuiciar al Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña
(DEJEZA).
En el caso de la comunidad piurana se está impugnando la validez de unos quince mil
títulos de propiedad individual emitidos por el PETT a nombre de comuneros y en algunos
casos de terceros no comuneros, que el Proyecto Especial ya elevó a Registros Públicos
para levantar las respectivas partidas registrales. Este proceso se ha realizado al amparo
de la controvertida Ley 26845 -especial para las comunidades de la costa-, que permite la
titulación de parcelas comunales por acuerdo de un 30 % de la asamblea comunal o por
sectores. Y aunque éste es un procedimiento cuestionado en la comunidad de Catacaos,
según su presidente César Zapata, tampoco ha sido respetado pues se han extendido
títulos a nombre de comuneros que no lo han solicitado y por parcelas de hasta un cuarto
de hectárea. Los comuneros de Catacaos se movilizaron el pasado 16 de noviembre en la
ciudad de Piura denunciado que se han fraguado documentos y exigen que la Oficina de
Registros Públicos detenga el proceso de inscripción registral dando pase a las
solicitudes que los comuneros están presentando .
En Lambayeque el conflicto surge a raíz de la subasta de 6 mil hectáreas del sector
Cerro Colorado que pertenecen en mayor parte a la Comunidad San Francisco de Mocupe, tal
como lo acreditan los títulos de propiedad territorial fechados en 1712 y convalidados
por el Estado en 1967 mediante planos de conjunto, memoria descriptiva y actas de
colindancia suscritas en presencia de autoridades. Existiendo esta documentación legal la
Dirección Ejecutiva del Proyecto Jequetepeque-Zaña incorporó esas tierras al dominio
del Estado.
La presidente de la Comunidad de Mocupe, Blanca Requejo denuncia el hecho como un despojo
que se pretende justificar con el argumento de que se trata de terrenos eriazos
abandonados. Pero según la presidenta comunera las tierras de Cerro Colorado carecen de
agua porque las obras del canal de irrigación Talambo, a cargo de DEJEZA, se paralizaron
justo en el límite de la propiedad de las tierras comunales.
Las 6 mil hectáreas de Cerro Colorado se vendieron como un sólo lote en Lima el 8 de
noviembre, un día antes de la fecha programada, lo que permitió que las autoridades del
CEPRI y DEJEZA eludieran la marcha de protesta realizada por los comuneros de Mocupe. Al
único postor de la subasta se le ha asegurado un módulo de riego de 10,000 m3/há. Sin
embargo, el comprador no tiene garantizada la necesaria seguridad jurídica para
desarrollar su proyecto empresarial, pues a la demanda judicial que emprenderá la
comunidad de Mocupe se suma la oposición de la Junta de Usuarios de Agua del Valle
Jequetepeque (ver LRA No. 5) porque según sus técnicos y dirigentes no hay agua para
seguir ampliando la frontera agrícola sin perjudicar áreas que ya se cultivan en el
valle. Son los costos que se pagan cuando se violentan derechos aplicando normas y
procedimientos impuestos y no concertados.
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