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La Revista Agraria Nº 56 - Lima-Perú, julio 2004

Editorial:

El mensaje del 28

¿ Qué de nuevo trajo para el agro el mensaje del presidente Alejandro Toledo el 28 de julio? En realidad, no mucho. En el recuento de lo hecho desde su anterior mensaje, Toledo dijo que en el año transcurrido se habían hecho grandes esfuerzos para devolverle la prioridad al sector, señalando que la suscripción de la "Carta Verde", en febrero pasado, "simboliza el Pacto Agrario Nacional". Pero al hablar de los resultados se refirió a situaciones -como la del aumento de las agroexportaciones, la reducción de la brecha de dependencia alimentaria y la recuperación de precios de algunos productos- que responden más a factores de coyuntura o de iniciativas privadas que a la propia acción estatal.

De las medidas específicas realizadas y comprometidas mencionó, entre algunas otras: el aumento de los recursos de AgroBanco -que serán completados con S/.92 millones entre noviembre de este año y enero del próximo-, la reducción y eliminación de aranceles para insumos y bienes de capital, así como recursos para apoyar la tecnificación del riego en la costa (US$10 millones), para las concesiones forestales (US$12 millones) y para encarar las emergencias causadas por las nevadas en el sur andino (S/.15 millones).

En lo político tal vez lo más importante del mensaje presidencial ha sido el volver a poner en la agenda pública el proceso de reforma constitucional, que se encuentra estancado desde hace más de un año. Es cierto que la iniciativa política corresponde a sectores de la oposición y específicamente a la movilización y protesta popular del pasado 14 de julio, pero el relanzamiento de este proceso representa una implícita autocrítica presidencial por haberlo soslayado en sus tres años de gobierno.

En la polémica generada por el planteamiento presidencial se esgrimen ahora los mismos argumentos que condujeron a que en los últimos años la Constitución vigente se enmendara mediante parches, modificando sólo algunos artículos para evitar el "ruido político" y la "inestabilidad jurídica" que, dicen, "ahuyentan" las inversiones privadas en infraestructura y servicios públicos. Lo que en la práctica se defiende con estos argumentos es el mantenimiento de un sistema de gobierno y una política económica que están en la base de la crisis de gobernabilidad en la que se encuentra el país, y del "desasosiego" al que se refirió Toledo en su discurso, porque "los beneficios del crecimiento tardan en llegar" a más de la mitad de los peruanos que siguen siendo pobres y con muy escasas posibilidades de encontrar empleo digno, mientras su mayoritario reclamo de cambio se sigue desoyendo.

La importancia de la reforma constitucional radica precisamente en la necesidad de establecer un nuevo pacto social que permita ese necesario "reencuentro" de la democracia con la mayoría de los peruanos, redefiniendo el rol del Estado en lo político y lo económico.

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