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La Revista Agraria Nº 50 - Lima-Perú, noviembre 2003

Coyuntura:

 

Hacia una propuesta nacional agraria

El 31 de octubre, los gremios agrarios fueron convocados una vez más a Palacio de Gobierno por el presidente de la República. El objetivo de la reunión era anunciar el relanzamiento del agro y la búsqueda de propuestas consensuales de solución a la crisis sectorial. Paradójicamente, el anunciado relanzamiento por parte del presidente Toledo ha tenido su mayor consecuencia en la esfera de los gremios agrarios.

Mientras que en los fueros del Ejecutivo parece que el relanzamiento no pasa de intenciones de reunirse para plantear su necesidad, a partir del día de la reunión en la Casa de Gobierno, Conveagro invitó a todos los participantes a reunirse para discutir la problemática agraria y preparar una propuesta de consenso. Hasta el día que aparece este número, se han realizado cinco reuniones de los representantes de agroexportadores (uva, espárrago, café y otros), agroindustrias azucareras, avícolas y porcicultores, productores de algodón, aceitunas y arroz, criadores de camélidos y ganaderos de carne y leche, la Junta Nacional de Usuarios de Distrito de Riego, y los gremios campesinos, gran parte de ellos integrantes del Comité Unitario de Gremios Agrarios (Cunga) y el Conveagro. 

Propuesta consensual o evasión del conflicto

El objetivo de elaborar una propuesta consensual de solución a los problemas del agro es, sin duda, difícil entre organizaciones con visiones diferentes e intereses algunas veces encontrados.

Desde la formación del Consejo Unitario Nacional Agrario (CUNA) en 1983, no se había vuelto a tener un espacio en el que todos o la mayoría de los sectores organizados del agro -desde agroexportadores hasta campesinos- confluyeran para intentar solucionar la crisis del sector. Vistas así las cosas, las reuniones sostenidas y los avances logrados tienen mucha importancia para alcanzar el objetivo de una propuesta consensuada, aunque contienen también las posibilidades de un fracaso.

La búsqueda obsesiva por el consenso es quizá el mayor de estos aspectos. La complejidad de la estructura agraria del país plantea, de inicio, los límites a una propuesta consensual. Los avances de la propuesta circulan con reserva, pero sabemos que ésta contendrá sólo aquellos puntos en los que se logre un consenso.

Lo importante es que se ha llegado al convencimiento de que se necesita sumar fuerzas para elevar la capacidad negociadora y de interlocución con el gobierno. Y esto supone colocar por delante los objetivos comunes, sin que ello implique que cada sector renuncie a su particulares intereses y puntos de vista.

¿Perspectivas?

Más allá de lo loable de este esfuerzo y los intentos consensuales, es pertinente preguntarse qué une a tan variopinto grupo y, en función de esto, vislumbrar qué tipo de propuesta es la más coherente. El factor de unidad es la crisis, grave para todos, aunque no todos tienen los mismos recursos ni están en la misma situación para hacerle frente; seguramente participar de esta iniciativa es una de las cartas que cada gremio juega en la partida por mejorar su situación y capacidad negociadora.

La crisis, por un lado, y el consenso, por otro, son los parámetros de este novísimo esfuerzo unitario. Nos atrevemos a decir que una propuesta tipo "lista de lavandería", agrupada por categorías y temas, podría dejar a todos contentos -en la medida que sus demandas específicas estén incorporadas, cosa que pasaría si no afecta a otros- pero las dimensiones del pliego serían monumentales, y lo harían inviable como instrumento de negociación con el Poder Ejecutivo.

Por el contrario, un documento que establezca un conjunto de objetivos estratégicos o principios sectoriales, que trasciendan la heterogeneidad y complejidad del agro nacional, sería un paso importante tanto en la unidad interna del movimiento como en la generación de un instrumento político para que el agro alcance una posición de jerarquía.

Estos principios, sin embargo, deberán expresarse alrededor de cuatro o cinco acuerdos ejes, que podrían ser: i) funcionamiento cabal del Consejo Nacional de Concertación Agraria (Conaca) y sus comisiones de trabajo, ii) medidas para corregir la distorsión de los precios de los productos importados causada por los subsidios de los países industrializados, iii) participación de los productores en las negociaciones internacionales, iv) sistema de tributación que promueva el desarrollo agrario sin perjuicio del fisco, v) soluciones a los distintos aspectos del problema de financiamiento agrario. Habría que agregar el eje transversal de la temporalidad: corto, mediano y largo plazos.

De esta forma, no sólo se establecen las prioridades sino que se incorporan otros sectores, como la educación. Los puntos más específicos, concretos y detallados debieran pasar a subcomisiones temáticas formadas en el Conaca.

Los frutos del trabajo de los representantes de gremios y organizaciones vinculadas al sector se esperan con ansiedad, casi tanto como la reacción del gobierno frente al reto que significará honrar la promesa del diálogo y concertar de verdad en un sector tan difícil y menospreciado, pero no por eso menos importante.

 

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