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La Revista Agraria Nº 38 - Lima-Perú, agosto 2002
Coyuntura:
- Marchas y contramarchas en la concertación
- Nueva campaña: perspectivas de siembras
- Los frutos del bosque: Algo más que madera
Marchas y contramarchas en la concertación
A
dos meses de haberse instalado el Consejo Nacional de Concertación
Agrario (CONACA) hay avances importantes en el tratamiento, e incluso
propuestas, sobre algunos puntos cruciales de la plataforma presentada por
los gremios agrarios para promover la rentabilidad y competitividad del
sector. Sin embargo, ninguno de estos avances se traducen aún en
decisiones políticas, lo que en buena medida explican las protestas
agrarias de las últimas semanas en varias regiones del país.
El CONACA, creado el pasado 24 de junio, comenzó a trabajar a través
de cinco comisiones integradas por técnicos del Ministerio de
Agricultores y representantes de las once organizaciones acreditadas por
el Consejo Unitario de Gremios Agrarios (CUNGA), con el objetivo de
conciliar, primero a nivel de sector, las propuestas que se llevarán a
los otros seis ministros que integran el Consejo. La política
arancelaria, la tributación del agro y el financiamiento de la nueva
campaña son los puntos sobre los que se esperan prontas definiciones.
Aranceles
que defiendan la producción
Un acuerdo general y de principio tomado al interior de la comisión sobre
aranceles es que el tema debe abordarse con el criterio de defender la
producción y comercialización agraria "corrigiendo
completamente" la distorsión de precios que provocan los millonarios
subsidios que otorgan los países industrializados a sus agriculturas.
Para el CUNGA esta corrección se logrará con tasas arancelarias que tomen en cuenta los precios promedio reales que reciben los productores en el mundo. Se trata de "medir la eficiencia o competitividad del productor peruano en relación a precios reales y no frente a valores distorsionados por los subsidios", señala Miguel Caillaux, representante de los gremios agrarios ante la comisión de aranceles del Consejo.
El dirigente ilustra el argumento con el caso del algodón importado de los Estados Unidos. En ese país, los productores de la fibra tienen un precio asegurado de US$ 72 dólares por quintal de la variedad Upland. Cuando el precio internacional de este algodón baja a 32 o 34 dólares el quintal, como ocurrió hace unos meses, la diferencia la paga el Estado. Ello explica que cerca del 60 % del algodón utilizado por la industria textil nacional sea ahora de procedencia estadounidense y que la producción nacional, otrora suficiente para abastecer a la industria y exportar, haya descendido.
El reclamo de los algodoneros por aranceles que contrarresten el subsidio se ha venido desestimando para no afectar la competitividad de la industria textil que ahora, con la aprobación de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA) podrá exportar sus confecciones al mercado estadounidense sin pagar aranceles. Pero ¿cómo se defiende la competitividad de los agricultores algodoneros? Plata para subsidios no hay, por lo que la única manera de intentar competir en igualdad de condiciones con el algodón importado es elevando el arancel y no reduciéndolo, como plantean los industriales. De ello depende que el país recupere, o cuando menos amplíe su hoy reducida área algodonera.
El planteamiento del CUNGA es extensivo a todas las importaciones agropecuarias. Incluido el trigo que compite y deprime los precios de la producción nacional de papa, arroz y cereales andinos, por lo que se plantea reponerle el gravamen existente hasta 1998. Para los productos incluidos en el sistema de Franjas de Precios (arroz, maíz amarillo, lácteos y azúcar) se plantea modificar los precios de referencia que definen los precios piso de las franjas en base a los cuales se determinan los derechos variables que gravan estas importaciones. A la fecha, se toman como referencia las cotizaciones internacionales de los mercados donde se transan los excedentes de la producción mundial a precios subsidiados, que son los que terminan definiendo el valor de las cosechas de los productores nacionales.
En la formulación de la propuesta, los técnicos de Agricultura y
representantes gremiales viene analizando la situación de cada producto,
constatándose que no es difícil calcular cuál es el nivel de distorsión
o de subsidio que reciben las importaciones agropecuarias, toda vez que éstos
son públicos y notorios. Lo que parece faltar es voluntad política para
"defender la producción nacional de la competencia desleal",
tal como lo anunciara el presidente Toledo en su mensaje del pasado 28 de
julio.
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