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La Revista Agraria Nº 38 - Lima-Perú, agosto 2002
Artículos:
- Manejo Forestal “Nada sustituye el control público”
- Biodiversidad ¿Cómo aprovecharla?
- Otra vez los biopiratas. Ya hay patentes sobre maca
- Ley de protección de conocimientos colectivos
- El Ministerio de la Producción
Manejo Forestal “Nada sustituye el control público”
El
Ing. agrónomo y forestal Marc Dourojeanni, luego de los años dedicados a
la investigación y docencia en el Perú emigró al Brasil, donde
actualmente labora como consultor del BID en temas vinculados a las políticas
de aprovechamiento sostenible de la Amazonía. En la siguiente entrevista
expone su balance y puntos de vista acerca de los roles que los sectores público
y privado deben cumplir en el manejo de nuestros bosques.
Cuáles son los tres aspectos que considera más importantes para ser analizados en la gestión de la Amazonía en los últimos 20 años?
Llorar sobre leche derramada no ayuda mucho. Pero, para responder a la pregunta, debo decir que la "madre" de los problemas de la Amazonía es que, en verdad, durante los últimos 20 años no ha habido ninguna gestión, ni buena ni mala. Ha habido ausencia del Estado en su función de rector y conductor del desarrollo y, por eso, los acontecimientos ocurridos son fruto de iniciativas aisladas, bien sea de sectores públicos o privados, y como respuesta a intereses de grupo, en lugar de ser fruto de un plan bien elaborado y legitimizado con participación de la sociedad civil.
El resultado es la expansión de la pobreza, la destrucción masiva de recursos naturales y el imperio de la corrupción montada sobre el dinero del narcotráfico. El avance caótico de la agricultura y la ganadería no consiguieron, hasta el presente, una productividad siquiera medianamente aceptable. En consecuencia, sólo sobreviven sobre la base de destruir más bosques cada año, en lugar de aprovechar bien lo que ya está deforestado. Esa es la causa principal de la pérdida de recursos de biodiversidad y de la reducción de los muchos servicios ambientales que la Amazonia puede brindar.
Pero, como siempre, en medio de los desastres hay algunas noticias
buenas. Entre las iniciativas sectoriales públicas positivas, que son
pocas, merece destaque la creación de varias áreas protegidas nuevas.
Estas áreas, como la experiencia del Perú y otros países revela, son la
única garantía de que algo de la proverbial biodiversidad de la Amazonía
peruana será salvada para beneficio de las próximas generaciones. De
otra parte, en este periodo el ecoturismo ha progresado un poco, gracias a
valiosas iniciativas privadas, pero aún está muy lejos de lo que es su
potencial. Evidentemente, también se ha avanzado en la tarea de crear una
conciencia cívica sobre la importancia de ser más atentos con el medio
ambiente natural, pero eso se logra en la medida que se superen las
acciones depredadoras fomentadas por grupos de poder económico de corto
plazo, como en el caso de la mayoría de los madereros, buscadores de oro
y, en especial, de los negocios que giran alrededor del tráfico de
drogas.
La Ley Forestal
En su opinión ¿qué aspecto de la nueva Ley Forestal merecen ser revisados?
Hay mucho en esa nueva ley forestal que falta, que no me parece conveniente o, que me parece utópico y, en otros casos, peligroso, en función de la experiencia en la Amazonia del Perú y de otros países.
Lamento, por ejemplo, que la nueva ley no abra la posibilidad de que los bosques sean administrados y manejados directamente por un servicio forestal nacional, regional o departamental, que cada año licitaría el volumen de madera permitido en uno o varios tramos de corta anual (en una unidad de manejo, o bosque, o en varios), suficientes para abastecer la industria local. Esa modalidad de gestión forestal no implica que el servicio forestal haga directamente los inventarios, ni que construya infrastructura o realice prácticas silviculturales. Todo eso puede ser contratado con empresas especializadas, sin ceder la autoridad sobre el manejo. El jefe local del servicio forestal administra el recurso generado por las licitaciones públicas de la madera en pie (precio o canon forestal), dando cuenta periódica y obligatoria a un consejo de gestión con amplia representación de la sociedad civil, incluidos los madereros, los industriales, los nativos, las ONGs, las universidades, las municipalidades y otros sectores del Gobierno, según corresponda. Cuando menciono esa opción no estoy descartando otras, como los contratos o concesiones.
Creo que el Estado no debe, no puede, renunciar a la gestión del
recurso forestal y "dejar caer la pelota" en manos del sector
privado, cuyo único interés es, obviamente, ganar dinero. El control del
manejo propuesto en la ley es, para cualquiera que conoce la realidad amazónica,
puramente utópico. Simplemente no va a haber control ninguno.
Se debate mucho sobre la conveniencia de otorgar concesiones para la
explotación de madera por períodos de 40 años y en extensiones de hasta
40 mil has.
El
tema de si las concesiones deben tener 40,000 has, o más, o menos, no me
parece muy importante. Creo que 40,000 has es una superficie razonable, ni
mucho ni poco, especialmente en términos políticos. Es preciso recordar
que la densidad de árboles de madera con mercado conocido, en los bosques
naturales tropicales, es baja. La forestería no puede ser mirada con ojos
de agrónomo. Pero fijar a priori que la rotación será de 40 años es
inadecuado, aunque hay que reconocer que 40 años también es un término
medio, políticamente y técnicamente aceptable. Cada caso de manejo es un
caso (calidad de sitio, tipo de manejo, tipo y objeto de la extracción,
etc.) y nadie sabe a ciencia cierta cuál es la rotación ideal. En
Malasia, 70 años resultó poco para la sustentabilidad. En el Brasil
adoptaron, también sin base científica, 30 años. Otros -los
empresarios, claro- quieren que la rotación sea aún menor, y en Europa,
hay rotaciones centenarias y otras muy cortas. En mi opinión, las
rotaciones en bosques naturales de la Amazonia no pueden tener menos de 40
años y posiblemente requieran 100 años, como los bosques latifoliados
naturales de las regiones templadas de Europa.
También se critica la eliminación de las concesiones de hasta mil has
Eso está muy bien pues ese tipo de contratos son de control imposible
y, en cualquier caso, en una superficie tan pequeña casi no cabe, en términos
económicos, hacer manejo sustentable. Los pequeños extractores deben
aprender a asociarse y a ser grandes, para así obtener créditos serios y
precios honestos de los industriales o comerciantes.
Con base en su experiencia: ¿cuáles debieran ser las condiciones de
estos contratos de concesión?
La ley ya contempla varias de esas condiciones y supongo que el reglamento debe ser aún más completo. Para mi, lo esencial, es que el manejo sea realmente sustentable y, por eso, yo exigiría certificación forestal de la más alta calidad. Pero eso no es suficiente. Nada puede sustituir el control público a través de un servicio forestal eficiente, organizado en distritos forestales estratégicos creados con base en los distritos de agua, es decir correspondiendo a cuencas hidrográficas. Ni nada puede eliminar el control social, ejercido a través de la participación efectiva e ilustrada de la sociedad civil en la gestión forestal a nivel nacional, regional y local.
Las Áreas Naturales Protegidas
¿Qué cambios debieran producirse para mejorar la gestión de las Áreas Naturales Protegidas?
Como ya señalé el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas es la mejor garantía de que algo de la naturaleza amazónica peruana se salve en el medio y largo plazo. Pero, las áreas protegidas del Perú están semi-abandonadas y por ende, mal manejadas. Falta dinero, falta personal, falta calificación técnica, falta autonomía administrativa, falta equipamiento. Los valerosos y valiosos esfuerzos de los guardaparques y de algunas ONGs, junto con el INRENA, no son suficientes para que esté asegurado el rol fundamental de las unidades de conservación peruanas. Esas deficiencias básicas tienen varios resultados penosos: muchas áreas protegidas están siendo erosionadas por invasiones o por usos inadecuados de sus recursos y, la mayor parte de las unidades de conservación no reciben visitantes, con enorme desperdicio de su potencial para el turismo, para el desarrollo económico regional y para la educación pública.
Un primer paso esencial para las áreas protegidas, como lo es para los
bosques, es asegurar un alto y eficiente nivel de participación de la
sociedad civil a través de consejos de gestión. No se trata de
"abrir" los parques para que la población local los explote o
los destruya, se trata de que la gestión de los parques sea transparente
y comprensible para todos los ciudadanos y para que los beneficios legales
que una área protegida puede y debe traer, lleguen efectivamente a los
vecinos, sin perjuicio para los beneficios que corresponden a la sociedad
nacional y a la humanidad toda.
Desde el BID, ¿cómo se concibe la relación entre las políticas de
conservación y de uso de los recursos en la Amazonía?
El BID desarrolló, a comienzos de los años 1990, una estrategia para
su propia actuación en el desarrollo de la Amazonia. Ella, precisamente,
trataba de la conciliación entre obras necesarias, como las carreteras o
las hidrovías, que pueden tener impactos sociales y ambientales
negativos, con los requerimientos socio-ambientales que son dictados por
la experiencia pasada y por los nuevos paradigmas de sustentabilidad ecológica.
Para el BID, como para las otras instituciones financieras multilaterales,
no existe una confrontación entre desarrollo y uso de los recursos
naturales y conservación de la Amazonia. Todo depende de cómo es hecho
ese desarrollo y de si las reglas de juego que se establecen en el
planeamiento son luego cumplidas durante la ejecución. El BID acaba de
aprobar el financiamento de un Programa de Desarrollo Sustentable del
Estado del Acre, Brasil, por un valor inicial en su primera fase de US$108
millones de dólares que, precisamente, es un ejemplo de fusión armoniosa
de desarrollo social y económico y preservación ambiental.
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