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La Revista Agraria Nº 37 - Lima-Perú, junio 2002

Editorial:

Sobre paros y regiones

Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Tambo Grande, Playa Hermosa, transportistas, agricultores... Todas estas palabras evocan hoy paros, movilizaciones, y reclamos... La población está intranquila, insatisfecha, frustrada frente al gobierno.

Mucho se dice y se escribe sobre la actual crisis política. Los movilizados afirman que Toledo prometió y no cumplió.

Que la privatización de los servicios públicos se hace en perjuicio de los usuarios y de los trabajadores. Que el centralismo limeño succiona las riquezas que las provincias producen. Que el gobierno no escucha. Por su lado, el gobierno afirma que los usuarios y los trabajadores estarán mejor con la privatización, que el dinero resultante de la venta de las empresas públicas irá principalmente a la región en donde éstas se encuentran físicamente, que siempre está dispuesto al diálogo.

Esta crisis evoluciona sobre varios problemas de fondo. El primero es la recesión económica. Después de once meses de gobierno, la situación económica de la población no ha mejorado, a pesar de los indicadores oficiales. Los desempleados continúan siéndolo, y no está ocurriendo nada que parezca que la situación mejorará porque -y este es el segundo problema- el gobierno no parece tener una política coherente de mediano plazo, en relación a la cual pueda definir sus políticas de corto plazo. Si la población percibiese que aquélla existiese, es probable que tuviera más paciencia.

El tercero es que la población está 'desenganchada' de los partidos políticos. Los partidos no son percibidos como canales que organicen sus intereses y que los defiendan con alguna eficacia ante el Congreso y el Ejecutivo. Hay una brecha grande entre los partidos y la población. En cuarto lugar, hay una mala comunicación entre el Poder Ejecutivo y la población, lo que alimenta las suspicacias de que detrás de ciertas medidas, como las de la privatización, hay gato encerrado. En quinto lugar, no hay liderazgo político. El presidente Toledo aparentemente no tiene ideas claras sobre cómo y hacia donde dirigir al país. Finalmente, las propias dirigencias regionales no parecen tener la capacidad de organizar y canalizar los intereses de sus regiones pues no hay vías institucionales para hacerlo, por lo que la población recurre a tomar las calles y carreteras, de manera a veces pacífica y a veces violenta. Todos estos problemas confluyen en uno: la difícil gobernabilidad del país.

Todo esto ocurre cuando faltan pocos meses para las elecciones regionales y municipales, que se realizarán en noviembre, y la instalación de los gobiernos regionales a comienzos del 2003.

La constitución de regiones es tanto una gran promesa como un gran riesgo. Promesa, pues puede efectivamente democratizar el poder político y replantear positivamente el papel de las sociedades regionales en el desarrollo socioeconómico del país (si prima un enfoque regional productivista). Riesgo, pues estos propósitos pueden no ocurrir, y entronizarse un permanente conflicto entre los gobiernos regionales y el gobierno central (si prima un enfoque regional distributivista). Lo primero requiere que los gobiernos regionales tengan la capacidad de definir una estrategia regional de mediano plazo de desarrollo socioeconómico, político y cultural, así como las políticas y medidas de corto plazo derivadas de ella, y que tengan también la capacidad de transmitirlas a sus ciudadanos.

Las estrategias regionales tienen que ser compatibles con las estrategias nacionales. Éstas últimas deben ser diseñadas sobre la base de acuerdos con las primeras. Lo segundo no requiere sino de líderes que enarbolen las reivindicaciones esperando que sean satisfechas con la transferencia de recursos provenientes del gobierno central. Aunque la primera opción no está obviamente exenta de conflictos, éstos se plantearían en el marco de una voluntad de construcción y desarrollo, mientras que en la segunda opción el conflicto es imposible de ser resuelto. La primera contribuye a que el país sea gobernable. La segunda, a profundizar la crisis de gobernabilidad.

El gobierno central y los futuros gobiernos regionales tienen una gran responsabilidad para que siga teniendo algún sentido la "transición a la democracia" en cuyo proceso se supone que estamos.

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