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Luego de más de dos años de debates y constantes revisiones, finalmente la Comisión Agraria del Congreso aprobó el Proyecto de Ley de "seguridad jurídica para los derechos reales de los beneficiarios de la reforma agraria".

Con esta propuesta se busca evitar el desalojo de adjudicatarios de la reforma, como ocurrió el año pasado con los parceleros de la Asociación El Progreso del valle de Huaura (ver LRA No. 23), que hoy amenaza, entre otros, a los agricultores de los Fundos Bocanegra, La Taboada y San Agustín de la provincia constitucional del Callao Esta amenaza proviene de procesos judiciales iniciados por ex-hacendados que reclaman la devolución de las tierras que les fueron afectadas.

El debate de esta propuesta legislativa se ha venido dilatando con el argumento de que por ley no podían suspenderse procesos judiciales. Sin embargo, lo que el proyecto busca es aclarar lo que varios dispositivos legales ya establecen: ante el reclamo de ex-propietarios afectados por la reforma agraria sólo cabe un pago indemnizatorio por parte del Estado y no restituirles la propiedad del predio. Así lo dispone, entre otras, la Ley de Tierras 26505.

No obstante ello los jueces han admitido demandas presentadas por los ex-propietarios, y en varios casos sentenciando a favor de ellos. Se afirma que existen alrededor de 254 procesos judiciales iniciados en distintas partes del país.

En el caso de los agricultores del Callao, hay el agravante de que las tierras que ellos ocupan y trabajan están involucradas en el área de expansión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y serán expropiadas por el Estado, lo cual ha despertado el apetito de los expropietarios. El plazo legal para la expropiación vence el próximo 25 de julio, pero el gobierno ha presentado un proyecto de ley para prorrogarlo hasta por dos años más.

En comunicado publicado en diversos medios, los ex-hacendados, mejor dicho sus descendientes, se presentan como los propietarios de la tierras chalacas sin mencionar que éstas son trabajadas desde hace más de 30 años por más de cien familias de agricultores, que incluso tienen títulos de propiedad inscritos en los Registros Públicos. Sí manifiestan, en cambio, su oposición a prorrogar el plazo de expropiación planteado por el gobierno, y expresan su disposición para encontrar mecanismos de solución "adecuadas a las limitaciones de recursos fiscales" que afectan la capacidad de "pago íntegro" de las indemnizaciones. Es claro que estos señores buscan apurar un proceso para que se les reconozca como propietarios de las tierras a expropiar, desconociendo los derechos de los agricultores.

Promoviendo exportaciones

Duplicar las exportaciones agrícolas es una de las metas que el gobierno se propone alcanzar en los próximos cinco años, lo cual supone pasar de aproximadamente 580 millones de dólares a más de 1,100 millones de dólares. Para ello se ha constituido la Comisión Permanente de productos agrícolas y agroindustriales de exportación como instancia coordinadora con el sector privado de las medidas necesarias para alcanzar el objetivo. Dicho organismo está conformado por los ministerios de Agricultura, Relaciones Exteriores, Industrias, PROMPEX, el SENASA como órgano técnico, y tres representantes del sector privado.

El ministro Quijandría informó que la Comisión se ha organizado en diez mesas de trabajo que se ocupan de temas relacionados al control y la defensa sanitaria, acceso a los mercados, negociaciones comerciales internacionales, promoción comercial, inversión y financiamiento, fomento a la asociatividad, legislación y tributación, y medio ambiente y responsabilidad social. Sin duda, una agenda recargada, que también deberá tratarse con otras organizaciones agrarias.

Asimismo, se ha informado que se viene trabajando en atraer la inversión para desarrollar nuevos proyectos de exportación impulsando una canasta de 50 productos, entre los que se prioriza el espárrago, mango, uva de mesa, palta y cítricos, considerando su alta rentabilidad, calidad de los productos y la organización de sus productores. Llama la atención, que no figuren en esta relación de prioridades, el café, que a pesar de la crisis es el principal producto de agro-exportación y una de las principales fuentes de divisas para el país, ni el algodón, importante cultivo de la costa central y norte.