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La Revista Agraria Nº 29 - Lima-Perú, octubre 2001

Editorial:

Comunidades Campesinas: fuente de progreso

El presidente Toledo anunció la formación de un Consejo Nacional de Comunidades Campesinas en su discurso a la nación el domingo 30 de setiembre. Esta iniciativa es meritoria pues en las campañas electorales presidenciales del 2000 y 2001, las comunidades campesinas no merecieron ningún tipo de atención de los candidatos presidenciales ni parlamentarios. Ausencia más que sorprendente, pues existen inscritas cerca de 5,700 comunidades campesinas, que albergan a cerca de las dos quintas partes de la población rural.

¿Qué concepción tendrá de las comunidades campesinas el flamante Consejo?, ¿Cuáles serán sus objetivos? De ello depende el tipo de medidas y sugerencias de política que presentará al Ejecutivo.

Como sabemos, las concepciones van desde una idealización de las comunidades -éstas serían instituciones igualitarias- hasta la afirmación de que son instituciones obsoletas que reproducen la pobreza, que son barreras para el desarrollo rural y que, por tanto, debería promoverse su desaparición. El paternalismo y el menosprecio, implícitos respectivamente en la primera y segunda concepciones, se han expresado, también respectivamente, en legislaciones proteccionistas (desde la década del 20 del siglo pasado), por un lado, y en fallidos intentos de incorporar las tierras comunales al mercado con la Ley de Tierras de 1995, y la Ley de Titulación para las Comunidades Campesinas de la Costa en 1997. Ninguna de las dos ha mostrado ser efectiva para mejorar la condición del comunero. El Consejo no puede quedar atrapado en ninguna de estas dos concepciones. Debe conocer, también, que el término de comunidad campesina abarca una diversidad de organizaciones que pueden ser muy diferentes entre sí.

Sería un error, asimismo, que el Consejo conciba que una política favorable a las comunidades sea una variante de la lucha contra la pobreza. En la práctica, a esto se han limitado varios gobiernos -incluyendo la década fujimorista- convencidos que las comunidades campesinas, particularmente las serranas -la inmensa mayoría- forman parte de una región sin ninguna perspectiva y condenada a vivir de programas asistenciales y de transferencia de recursos. Estos programas no sólo son onerosos, sino se prestan a la manipulación política y, al convertirse en permanentes, finalmente prolongan indefinidamente la pobreza. La única forma de derrotar la pobreza es con el desarrollo económico y social.

El tema es, pues, cómo puede adaptarse la institución comunal a los retos del desarrollo en un contexto de economía de mercado. A través de la comunidad, sus miembros podrían lograr economías de escala que contribuyan a superar las desventajas aparejadas a la muy pequeña producción rural. Lejos de ser instituciones retardatarias, no olvidemos que las comunidades han construido por propia iniciativa y desde hace décadas una buena parte de la red de caminos rurales, locales escolares, obras de irrigación, inversiones todas ellas orientadas al progreso. Sería una verdadera novedad que el Consejo percibiese en las comunidades un potencial progresista y modernizador y que por primera vez sugiriese políticas que las apoyen en ese sentido, y no como una red de bolsones de pobreza a la que habría que apoyar sólo con programas asistenciales. Es muy probable que tales políticas, expresivas de un cambio radical en la actitud gubernamental, contribuyan a dar confianza a las comunidades sobre sus propias posibilidades, y todos sabemos que la confianza y la autoestima es también un motor productivo.

Una nota final: las posibilidades de desarrollo de las comunidades es también dependiente del desarrollo descentralizado de las regiones. Las comunidades no son compartimentos estancos, y sus posibilidades y limitaciones se deben mucho a las dinámicas económicas regionales. Es, pues, en el marco de un modelo de desarrollo descentralizado, que la apuesta por las comunidades tiene posibilidades de ser, finalmente, exitosa.

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