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La Revista Agraria Nº 29 - Lima-Perú, octubre 2001
Coyuntura:
- De la promesa a los hechos. Urge tomar decisiones
- Banco ¿sin piso?
- Organización Mundial de Comercio. Ronda en veremos
- Vladi-Romero y el trigo importado
- Agro y minería: ¿hay alternativas?
De la promesa a los hechos. Urge tomar decisiones
Con los primeros cien días de gobierno también se cumple el primer trimestre de una campaña agrícola que se inició y sigue con los mismos problemas de financiamiento y rentabilidad de hace varios años. Dirigentes gremiales del sector valoran la voluntad concertadora del Ministro Quijandría, pero también critican el lento avance en la toma de decisiones.
El propio Ministro Quijandría, haciendo un balance de los primeros 60 días de gestión gubernamental, señaló que las decisiones no se toman con la velocidad que se requiere. Un mes después las cosas parecen seguir en el mismo sitio. El balance, claro está, tenía que ver con las urgencias de atender una campaña agraria que está en curso, pero también puede aplicarse a la ausencia de señales claras de que abran cambios en la política económica para que ésta empate con la atención prioritaria que se ofreció y espera el agro.
Nadie esperaba, por supuesto, que en tan sólo cien días de gestión gubernamental, pudieran solucionarse todos los problemas que agobian a los productores, menos en medio de la prolongada recesión y la escasez de recursos fiscales heredada del fujimorismo, pero sí salir del terreno movedizo de indefinición sobre algunos aspectos cruciales, entre los cuales, lo más importante son las medidas para salir de esta larga recesión generando empleo y reactivando la demanda.
El inicio del programa A trabajar y la obtención de más de mil millones de dólares por la Mesa de Donantes, sin duda coadyuvarán a este objetivo, pero es necesario dar espacio a políticas sectoriales que hasta el momento no se manifiestan para el sector agrario, uno de los sector que más puede contribuir a crear empleo y dinamizar las deprimidas economías regionales.
Lo bueno y lo malo
El
presidente de CONVEAGRO, Raúl del Águila, reconoce como aspecto positivo
de los primeros cien días de gobierno el acercamiento del Ministerio Quijandría
con los gremios, pero señala que "hasta el momento eso sólo se traduce
en buena voluntad pues casi todos los aspectos urgentes de la campaña
están pendientes.
"La agricultura está quebrada -dice- pero el financiamiento de la campaña no camina". Se anunció una partida de 70 millones de dólares que finalmente se redujo a 30 millones, 10 millones para el Programa de Crédito (PROAGRO) y 20 millones para el Programa de Garantía (PROGAPA), a ser financiados con parte de los bonos del Tesoro asignados al programa de rescate financiero agrario, de acuerdo al Decreto de Urgencia 116-2001 dictado el 2 de octubre. Ambos programas serán administrados por COFIDE para ser canalizados a través de las empresas del sistema financiero. Pero, como se sabe, COFIDE ya tiene líneas de crédito disponibles para el agro que los bancos no utilizan pues dinero no es falta.
La constitución del FOGAPA puede ser un incentivo para que la banca comercial, reduciendo el riesgo, canalice mayores líneas de crédito hacia el campo, pero empezará a funcionar cuando el Ministerio de Economía decida dictar los reglamentos operativos, tanto de este Fondo de Garantía como del Programa de Crédito, cosa que hasta el cierre de la presente edición seguía en espera. Mientras tanto no operan.
Adicionalmente, se han dispuesto medidas para canalizar los fondos rotatorios que maneja el Ministerio de Agricultura (aproximadamente 28 millones de soles) para atender préstamo en insumos, asistencia técnica y servicio de maquinaria a los pequeños agricultores organizados que presenten proyectos asociados a cadenas productivas y no tengan deudas con el Ministerio de Agricultura. De acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo 049-2201-AG (15 de setiembre) y la Resolución Ministerial 1089-2001-AG (6 de octubre) que lo reglamenta, el valor de los insumos y/o del servicio de maquinaria serán devueltos en efectivo con una tasa de interés anual de 8% en moneda nacional.
Asimismo, según lo establecido en las normas reglamentarias, los recursos serán canalizados a través de operadores, que podrán ser ONG, juntas de usuarios, comités o asociaciones de productores, entidades financieras o cualquier otra persona jurídica que acredite experiencia, solvencia económica y capacidad técnica. Para ello los operadores deberán asumir, por escritura pública, el 30 % del riesgo de no devolución del crédito, a cambio de lo cual percibirá hasta un 40% de la tasa de interés establecida. Sin embargo, por excepción para la presente campaña, se establece que en donde no exista operador las direcciones regionales agrarias asumirán la administración de los proyectos productivos, lo que probablemente ocurra en la mayoría de los casos.
Al respecto Raúl Del Aguila señala que, pese a los sendos decretos dictados con el objetivo de un manejo transparente, los créditos de los fondos rotatorios tampoco operan porque los funcionarios de las regiones agrarias no saben cómo proceder mientras desde arriba no lleguen las directivas. El dirigente de CONVEAGRO y presidente de la Junta Nacional del Café precisa que la reestructuración del ministerio está demorando. "No se sabe con quién conversar, y se sabe que hay muchas presiones políticas por puestos de trabajo de modo que los funcionarios regionales parecen estar más preocupados en eso que en lo que se debe hacer para atender las urgencias".
Por otro lado, a la dirigencia del CONVEAGRO también le preocupa que el equipo de funcionarios que está en la administración central del Ministerio no marche al ritmo de lo que se requiere para avanzar en la fomulación de propuestas. Se han constituido mesas de trabajo sobre aspectos de financiamiento, defensa de la producción y autogravámenes, pero éstas no puedan presentar mayor avance, "porque los funcionarios encargados de trabajar con los representantes gremiales no parecen tener interés en que las cosas caminen".
Finalmente, el varias veces modificado Programa de Rescate Financiero (RFA) también se encuentra paralizado porque el Ejecutivo no promulga la Ley aprobada en el Congreso. Esta ley, que recibió opinión favorable del Ministerio de Agricultura, plantea el acogimiento inmediato de cerca de 6 mil productores con deudas de hasta 30 mil dólares, las mismas que se refinanciarán íntegramente con los bonos del tesoro.
Se ha observado que con esta figura, en la que el Estado aparece como único acreedor, se corre el riesgo de incumplimiento ante una posible condonación. Un riesgo que ahora los bancos comparten con el Estado, señala el economista William Espinoza del CEPES. De cualquier modo, las modificaciones planteadas al RFA buscan resolver la situación de insolvencia de los pequeños y medianos agricultores, en peligro de que les rematen las tierras, y poner en funcionamiento el programa de rescate.
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