Artículo

La anunciada creación de un Consejo Nacional de Comunidades Campesinas despertó la justificada expectativa de que por fin se atenderá con seriedad las postergadas aspiraciones de progreso de estas históricas instituciones que, asentadas mayormente en la sierra y selva, cobijan a cerca del 40% de la población rural del Perú.

Por su número, peso social, y la función que cumplen en la vida social, cultural y la economía de las familias que integran, las comunidades campesinas son importantes para el país.

Reconocidas oficialmente recién con la Constitución de 1920, gran número de las comunidades campesinas, principalmente serranas, existen antes que la misma república. A pesar de ello, la mayor parte adquirió su personería jurídica entre los 60 y 80 al impulso de su lucha por la tierra contra el sistema de hacienda, la aplicación de la reforma agraria y, finalmente, la reestructuración de la empresas asociativas creadas por la reforma.

El último Censo Nacional Agropecuario, realizado en 1994, registra un total de 5,680 comunidades campesinas. El 71% se concentra en los departamentos de la sierra centro-sur : Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Junín, como muestra el cuadro. En otros departamentos su presencia es muy reducida (8 comunidades campesinas en Loreto, 7 en Ica y sólo una en Tumbes, igual que en San Martín y Madre de Dios), mientras que en Ucayali no había ninguna.

Debido al error de no tomar mucho en cuenta la realidad comunal, el Censo no nos da mucha información sobre el número de comuneros en el país, pero se estima que la población comunal alcanza a los 2'500,000 habitantes, lo que representa el 37% de la población rural del Perú.

Poseen más de 14 millones de hectáreas, mayormente de pastos naturales, lo que representa el 39. % de toda la superficie agropecuaria del país. Esa importancia se acrecienta en algunos departamentos, como Apurímac y Lima, donde más del 80% de la superficie agropecuaria es ocupada por comunidades.

No obstante que en las comunidades se concentran los mayores niveles de pobreza, ellas aportan en forma significativa con alimentos para las familias que las integran, en primer lugar, y para las ciudades del interior del país.

Aún persiste la idea de que las comunidades constituyen un mundo aparte, estático y homogéneo en el que predominaría el trabajo colectivo. Nada más lejos de la realidad. En primer lugar, no hay un modelo de organización comunal pues bajo este nombre existe gran diversidad de instituciones, y si bien muchas de ellas aún practican formas de trabajo colectivo, éstas se orientan principalmente a mantener determinados servicios, pues la economía de sus miembros depende de la actividad productiva de sus pequeñas parcelas.

Por otro lado, a pesar de sus limitaciones, las comunidades han suplido la ausencia del Estado y cumpliendo funciones de gobierno local construyeron vías de comunicación, irrigaciones, escuelas, postas de salud, lo cual muestra una voluntad de vincularse a los mercados, de educarse y elevar la calidad de vida de sus miembros.

El Consejo Nacional de Comunidades

Aún falta conocer las funciones, composición y recursos que se asignarán al Consejo Nacional de Comunidades Campesinas cuya creación fue anunciada por el presidente Toledo. De ello dependerá, en gran parte, cuán efectiva sea la constitución de esta instancia para el objetivo de promover el desarrollo integral de las comunidades. No hay que olvidar que con idéntico objetivo la vigente Ley 24656 de Comunidades Campesinas, dictada en 1987, creó el Instituto Nacional de Desarrollo de las Comunidades Campesinas (INDECC) que operó como una oficina administrativa, sin recursos ni mayor participación comunera, que iba y venía del Ministerio de Trabajo al de Agricultura, para finalmente extinguirse en el PROMUDEH a mediados de los 90.

Razones hay para pensar que esta vez existe la voluntad política de que las cosas sean diferentes. En primer lugar, porque los gremios campesinos, desde donde surge la propuesta con la que se ha comprometido el presidente Toledo, tienen la decisión de tener un papel protagónico.

La Confederación Campesina del Perú (CCP) ya presentó una propuesta de lineamientos sobre lo que debiera ser y hacer este Consejo Nacional de Comunidades: un organismo multisectorial integrado por representantes del sector público (Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios de Economía, Agricultura, Educación, Salud y de Promoción de la Mujer), y de las organizaciones campesinas, como CCP y CNA, entre otras, organizado también sobre bases departamentales y locales para elaborar políticas concertadas de desarrollo.

No cabe duda que la agenda de esta Comisión tendrá el tamaño de los problemas acumulados que tienen las comunidades campesinas. Quizás habría que comenzar, a través del PETT, por deslindar y sanear la propiedad comunal, para dejar que cada comunidad decida democráticamente si se individualiza la propiedad de las parcelas familiares. Pero esta legítima opción, no debe llevar a desconocer el papel modernizador que las comunidades pueden cumplir como entidades colectivas.

Promover este potencial puede significar lograr un mejor poder de negociación en la venta de sus productos y en la compra de insumos, adquirir bienes de capital, acceder más fácilmente a recursos financieros y a una serie de servicios, como asistencia técnica, y como ya lo vienen haciendo, realizar obras de infraestructura de apoyo a la producción.

Lo importante es estimular a que las comunidades campesinas se conviertan en actoras más activas del desarrollo propio y de sus regiones.

Comisión de pueblos andino-amazónicos

Mediante el Decreto Supremo 111-2001-PCM, el 5 de octubre fue creada la Comisión Nacional de los Pueblos Andino Amazónicos como organismo dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de promover, coordinar, dirigir, ejecutar y evaluar políticas y proyectos correspondientes a las poblaciones indígenas. Estará formada por diecisiete representantes, siete de los cuales corresponden al sector público, que fueron nombrados el pasado 1 de noviembre, bajo la presidencia "ad-honorem de la Dra. Eliane Karp de Toledo.
Sus otros diez miembros serán cinco estudiosos de la problemática de los pueblos indígenas, nombrados por resolución suprema, y otros cinco que serán elegidos "libre y democráticamente" entre los integrantes de los pueblos indígenas. El decreto de creación de la Comisión precisa que ésta puede empezar a funcionar sin la mayoría de sus miembros y establece que la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas del Promudeh actuará como Secretaría de la Comisión, previo traslado a la Presidencia del Consejo de Ministros.
No es clara la diferencia de esta Comisión con el anunciado Consejo de Comunidades Campesinas y Nativas, pero las menciones que el decreto supremo hace al tratamiento especial que esta Comisión debe dar a los "pueblos fronterizos" y a la coordinación permanente con la Mesa de Diálogo para la solución de los problemas de las Comunidades Indígenas de la Amazonía, conducen a pensar que esta instancia enfocará su atención en la comunidades nativas de la selva.
En todo caso, la Asociación Interétnica de la Amazonía Peruana (AIDESEP) saludó la constitución del organismo como "un gran avance institucional". Sin menoscabo de este reconocimiento, plantea una representación paritaria de los pueblos indígenas y dar a la Comisión y a su Secretaría la autonomía técnica, administrativa y económica, para que tenga capacidad operativa y se puedan realizar convenios con agencias de cooperación sin depender solamente de recursos del Estado.