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Revista Agraria Nº 22 - Lima-Perú, diciembre 2000
Artículos:
La pequeña agricultura en el Perú: ¿qué produce y
qué recibe?
¿Qué sabemos de la pequeña agricultura y de la economía campesina en el Perú? ¿Se toma o no en cuenta este sector al momento de formular la política agraria en el país?
Un reciente estudio realizado por el CEPES con base en el último Censo Agropecuario revela problemas y magnitudes de indudable interés para quienes analizan y toman decisiones que afectan al agro nacional.
Con frecuencia se ha destacado la presencia abrumadoramente mayoritaria de los pequeños productores en la agricultura peruana: el 70.4% de las unidades agropecuarias poseen menos de 5 hectáreas, el 84.5% menos de 10 hectáreas y el 92.2% se e ncuentran por debajo de las 20 hectáreas. No se ha hecho lo suficiente, sin embargo, por resaltar también la importancia de la pequeña agricultura y la economía campesina en la producción, generación de empleo, exportaciones y manejo de recursos en el agro nacional. Estas contribuciones convierten a la pequeña producción en un sector absolutamente crucial para cualquier proyecto de desarrollo agrario y rural en el Perú. Veamos las cifras.
Ojo con estas magnitudes
- Por cada 10 toneladas de productos agrícolas y alimentos que se generan en el país, siete se originan en el sector de la pequeña agricultura y economía campesina.
- Por cada dólar que ingresa al país por concepto de agroexportaciones, sesenta centavos corresponden a productos de la pequeña agricultura.
- Uno de cada cuatro puestos de trabajo existentes en el aparato productivo nacional, es provisto por la pequeña agricultura (aunque generalmente en condiciones de baja productividad y bajos ingresos).
Este peso significativo en el conjunto de la economía es posible porque la pequeña agricultura y la economía familiar campesina controlan más del 15% de las tierras agropecuarias del país, sin considerar las áreas de comunidades campesinas. Más aún, dos de cada tres hectáreas de tierras de cultivo pertenecen a este sector de la pequeña producción, y también tres de cada cuatro hectáreas de riego.
Desde el punto de vista de la población involucrada hay que recordar que más de millón y medio de hogares, es decir, la cuarta parte del total de hogares peruanos se encuentran de una u otra forma involucrados en las actividades de la pequeña producción agropecuaria, de donde resulta que la población total que depende de este sector se acerca a los siete millones de personas.
Las políticas agrarias ¿le alcanzan a la pequeña agricultura?
Las magnitudes anteriores revelan la enorme importancia adquirida por la pequeña producción. Desde el punto de vista social es el principal espacio de sobrevivencia de millones de personas que, de otro modo, presionarían todavía mucho más sobre las ciudades y su escasa capacidad de absorción y generación de empleo. Desde el punto de vista económico es responsable de la generación de la mayor parte de los bienes alimentarios y divisas que requiere el país, y desde el punto de vista espacial, la pequeña agricultura permite mantener la ocupación de nuestro dilatado territorio nacional.
Sin embargo, dado este indudable peso cuantitativo y la importancia cualitativa mostrada ¿Cuánto de las políticas agrarias le han llegado a la pequeña agricultura?
Por ejemplo, en los últimos años del régimen anterior, una de las medidas consideradas fundamentales para el agro nacional ha sido la Ley de Promoción del Sector Agrario que, junto a otros dispositivos menores, utiliza básicamente incentivos tributarios y exoneraciones para el fomento de cultivos y crianzas. ¿a cuántos pueden beneficiar estas medidas? Evidentemente sólo a aquellas unidades agropecuarias con capacidad para tributar, es decir aquellas que se encuentran organizadas como empresas. Según el Censo Agropecuario son alrededor de 45 mil las U.A. que pueden considerarse empresariales, pues contratan mano de obra permanente y tienen acceso al crédito y riego, de las cuales solamente unas diez mil tributan ante la SUNAT.
En otros términos, del millón 745 mil unidades agropecuarias existentes en el país, únicamente diez mil, o sea la mitad del uno por ciento tributan y pueden, por lo tanto, beneficiarse con los incentivos de la mencionada Ley. No son mucho mayores los alcances de los otros dispositivos dirigidos al rescate de las deudas de los agricultores, o al fomento de la agroindustria en el país. Hay pues una visible desproporción entre la importancia de la pequeña agricultura y la economía campesina y la atención que les han otorgado las políticas sectoriales.
En el otro extremo, se ubican las unidades agropecuarias que constituyen economías familiares campesinas que producen básicamente para el autoconsumo y que deben diversificar sus actividades. En ellas la acción del Estado ha concentrado recursos bajo la forma de programas asistenciales (donación de alimentos), proyectos de transferencia tecnológica o provisión de fondos rotatorios en fertilizantes, semillas y dinero en efectivo. Sin embargo, todas las evaluaciones realizadas con seriedad muestran el reducido impacto de estos programas en términos de generación sostenible de empleo e ingresos para los hogares campesinos.
En el medio, es decir, entre la agricultura empresarial y las economías campesinas, se encuentra la pequeña agricultura comercial, conformada por las unidades que utilizan mano de obra familiar y dirigen lo principal de la producción hacia el mercado. Lo evidente es que a estas capas medias del campo no les ha llegado ni la política sectorial agraria orientada exclusivamente a las unidades empresariales, ni la acción asistencial de FONCODES, PRONAA y PRONAMACHCS, convertidos por el régimen anterior en instrumentos de su permanente campaña reeleccionista.
Frente a este vacío fundamental de las políticas agrarias durante la década pasada, la pequeña agricultura comercial ha sufrido como ninguna los embates de la crisis, ha visto deteriorarse hasta el extremos sus condiciones de producción, con caída de ingresos, pérdida de rentabilidad, deudas y descapitalización. En respuesta ha iniciado un proceso defensivo, adoptando estrategias de supervivencia de tipo campesino consistentes en incrementar su autoconsumo, diversificar sus actividades y buscar ingresos adicionales con empleos asalariados fuera de la chacra. No hay que perder de vista que la pequeña agricultura comercial es precisamente el segmento que puede calificarse como capas medias rurales, que puede llegar a constituir la base de un empresariado agrario de pequeña dimensión, con importantes efectos de modernización, innovación tecnológica y generación de empleo en el campo.
Políticas diferenciadas para el campo ¿cómo se hacen?
Cubrir la inmensa brecha generada por las políticas inadecuadas o inexistentes para la pequeña agricultura y la economía campesina es una tarea que tienen por delante el actual gobierno transitorio y el que resulte elegido en los próximos comicios de abril. Para ello habrá que utilizar criterios que permitan una efectiva diferenciación de políticas frente a la heterogeneidad existente en el agro nacional.
El estudio de CEPES pone énfasis en la importancia de los factores naturales y geográficos que condicionan fuertemente las características y posibilidades de la agricultura en las distintas regiones del país. De ello se concluye que el primero y más importante criterio de diferenciación es el territorial o espacial; de modo que lo que se necesita ante todo son políticas agrarias regionales que respondan a las particularidades de cada espacio y sean aplicadas por los gobiernos regionales y sus Secretarías de Agricultura formadas a partir de las actuales direcciones regionales del MINAG. En este marco de políticas diferenciadas de corte regional es que podrán aplicarse provechosamente todas las medidas e incentivos específicos para la pequeña agricultura, programas por cultivos y crianzas etc.
Sobre estos puntos, los productores y demás instituciones agrarias tienen la palabra en el próximo debate electoral que se avecina.
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