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La Revista Agraria Nº 17 - Lima-Perú, julio 2000
Editorial:
Ante oídos sordos, la protesta
Siempre el advenimiento de un nuevo
gobierno levantó esperanzas en la población. Que éstas fueran una y otra vez frustradas
nunca eliminó la renovación de este sentimiento. Esta vez no ocurre eso. En primer lugar
porque no es un nuevo gobierno sino la prolongación de uno que ya tiene diez años. Pero,
sobre todo, porque el gobierno se ha esmerado en mostrar dos cosas: que en el nuevo
periodo no cambiará de estilo: autoritario, incapaz de escuchar y hacer caso a la
sociedad a la que supuestamente gobierna para bien. Hay justificadas sospechas de que los
años que siguen serán económicamente críticos y políticamente agitados. Y como pocas
veces antes, la responsabilidad recae casi completamente sobre un actor: el gobierno.
En los últimos días representantes de los sectores productivos han expresado su
disconformidad con la actual situación. Tanto por lo que hace el gobierno –es el
caso de los mineros- como por lo que deja de hacer –es el caso de los agricultores y
campesinos ahogados por deudas y la falta de créditos. CONVEAGRO ha exigido reiterada y
públicamente la apremiante necesidad de la intervención del gobierno, y en los últimos
días las juntas de regantes y diferentes gremios y asociaciones de campesinos y
agricultores han seguido el mismo camino más allá de las diferencias políticas. La
posibilidad de un paro agrario en el mes de agosto está puesta en la mesa.
¿Cómo ha llegado el agro a la actual situación? ¿Es acaso una crisis coyuntural?,
¿limitada al tema del crédito? ¿Es posible conciliar la crisis agraria con la
información oficial de un agro exitoso que año tras año aumenta su producción? ¿Cómo
puede explicarse que éstos han sido exitosos años productivos y al mismo tiempo años en
los que se han alcanzado los montos más altos de importaciones de alimentos en toda la
historia del país? ¿Cómo pueden reclamarse éxitos de la política agraria cuando la
casi totalidad de la población que vive del agro es pobre?
La crisis agraria –y de la inmensa mayoría de quienes dependen directamente de esta
actividad- es mucho mayor que la que motiva las quejas actualmente alrededor del crédito.
Los recién difundidos cálculos del Producto Bruto Interno tomando como año base 1994
nos dan una imagen patética de nuestra situación. No sólo el PBI es bastante menor al
difundido durante años por el gobierno, sino la participación del PBI agropecuario es
también menor: no el 13% sino el 7%. Es decir, el agro es un pedazo aún más pequeño de
una torta empequeñecida. Desde esta perspectiva, el Perú propiamente agrario, que abarca
la mayor parte de provincias del país y que incluye a cerca de un tercio de todos los
trabajadores, tiene una mínima importancia. De hoy en adelante sabremos que un aumento de
la producción agraria tendrá un mínimo impacto en el PBI nacional. Y como este gobierno
considera que su éxito económico se mide en buena parte por el crecimiento del PBI, no
debe sorprender que no preste mucha atención a un sector que aporta un peso tan modesto.
Es claro que el agro es mucho más importante de lo que las cifras revelan, tanto por las
millones de personas que dependen directamente de él, como por ser el eje –aunque
precario- de las economías regionales, el principal proveedor de alimentos y también por
sus potencialidades, tanto para una agroindustria nacional como para la exportación. Debe
ser, por ello, el centro de una política de desarrollo regional.
Las posibilidades de cambio sólo pueden gestarse a partir de la capacidad de presión que
puedan tener los agricultores, grandes, medianos y pequeños, y de las alianzas que puedan
establecer con los intereses regionales. Para ello debe desaparecer el temor a los
múltiples medios de sometimiento que se han venido desplegando, entre los que se
encuentra el machacón mensaje según el cual sin este gobierno no hay orden social y
económico posible, la increíble capacidad de utilizar a instituciones importantes y
necesarias como la SUNAT como instrumentos de presión y chantaje personalizados, y la
perversa utilización de los recursos públicos para premiar o para ablandar a tal o cual
sector social. Menuda tarea la de los agricultores y campesinos. Pero inevitable.
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