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La Revista Agraria Nº 17 - Lima-Perú, julio 2000
Artículos:
De los bosques su nueva Ley
La
nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada con el número 27308 el 16 de julio,
si bien fue largamente esperada y hasta reclamada, terminó despertando mayor polémica
que durante los largos años que demoró su formulación. Las principales discrepancias
provienen de industriales madereros y también de pequeños y medianos extractores que en
Iquitos, Ucayali y Madre de Dios ya se han movilizado reclamando su modificación.
Pocos discuten la necesidad de contar con una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre
para promover un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y poner orden al
caos reinante en la explotación de los bosques que ha conducido a depredar o degradar
alrededor de 9 milones de Has en los últimos 25 años, durante la vigencia de la anterior
Ley 21147. A ello contribuyeron tanto el uso agropecuario de la superficie forestal, como
un sistema de contratos y permisos sobre áreas de mil Has exceptuadas de cumplir el
requisito de manejo exigido por la legislación anterior para áreas de mayor tamaño. Y
junto a ello, el predominio de la actividad extractiva informal promovida por empresas
exportadoras, la ausencia de control y las precarias condiciones económicas, técnicas e
institucionales de los pequeños extractores.
Buscando corregir esa situación, la nueva Ley elimina las concesiones forestales en
áreas menores de 5 mil Has, establece que todo aprovechamiento forestal requiere de un
plan de manejo para garantizar la conservación del bosque y medidas de control para
evitar la extracción ilegal de madera.
Sin embargo, los desencuentros que ahora surgen tienen que ver con que la versión
finalmente promulgada incorpora medidas que en opinión de algunos parecen más bien
producto de una ¨rabieta¨ y no de una propuesta técnica. En todo caso, ante el apuro de
sacar la nueva Ley prácticamente al cierre del mandato del anterior Congreso, estas
medidas fueron tomadas sin consulta ni difusión previa, como sí ocurrió con versiones
anteriores, y sin analizar su impacto en la economía de empresas y extractores de madera.
Desde estos sectores se rechaza, particularmente, las restricciones impuestas a la
extracción y comerciallización de caoba y cedro y las modalidades de aprovechamiento
mediante concesiones otorgadas en subasta o concurso público.
El cedro y la caoba
La Ley veda por diez años la extracción de caoba y cedro en las cuencas de los ríos
Putumayo, Yavarí, Tamaya y Purús, así como en otras áreas declaradas o por declararse
a través de decretos supremos, y prohibe la exportación de madera aserrada de estas
especies estableciendo que sólo podrá exportarse productos con valor agregado o piezas y
partes. Se exceptúa de esta prohibición hasta el próximo 31 de diciembre a las empresas
con contratos vigentes en superficies de más de mil Has. Esta última disposición deja
prácticamente en el limbo a la mayoría de industrias que operan, precisamente, en áreas
menores de mil Has. Voceros del empresariado maderero dicen que como consecuencia de esta
disposición las exportaciones de madera se reducirán este año en un 30%. En lo
inmediato, se ha solicitado extender el permiso de exportación hasta fines de año a todo
tipo de empresas que ya han adquirido compromisos financieros y comerciales.
Sin embargo, empresarios, extractores, y representantes de instituciones ambientalistas
sostienen que tampoco hay razones que justifiquen las prohibiciones. Gandy Dávila,
Presidente de la Asociación de Extractores de Madera de Ucayali (AEMRU), por ejemplo,
señala que en la cuenca del Tamaya el cedro y la caoba no están en extinción, en todo
caso reclama que se presenten los estudios técnicos que demuestren lo contrario.
Por su parte, el director de la Cámara Nacional Forestal (CNF), Fernando Razzetto,
reconoce que la extracción de la caoba es "una adicción que ha pervertido el
sistema", pues debido a su alto precio y a la falta de control, pequeños
extractores, mayormente ilegales, son inducidos por exportadores a ingresar en áreas
donde se encuentra la especie. Pero señala que si la nueva Ley busca poner orden,
condicionando la explotación de los bosques a un plan de manejo sostenible y establecer
adecuados mecanismos de control, es un contrasentido prohibir su explotación. "Se
trata –afirma- de que se usen los bosques, pero que se usen bien".
Por otro lado, Razzeto también destaca que hay opciones tecnológicas que el Perú debe
desarrollar para aprovechar la gran variedad de expecies existentes en la amazonía.
"Es falso que sin caoba no hay negocio", señala. Y en ese sentido, la Ley
también pretende promover la utillización del mayor número de especies, su máximo uso
y la integración de la cadena de extracción, industrialización y comercialización
forestal. El problema es que, al menos hasta el momento, la acción promotora del Estado
sólo es declarativa, pues no se tiene claro qué medidas promocionales serán adoptadas
para estimular la inversión en un sector que puede y debe generar más trabajo y riqueza.
El director de la CNF, y Gustavo Suárez de Freitas de ProNaturaleza indican que, al
contrario, mientras se promueve el uso agropecuario de la superficie forestal con
exoneraciones tributarios concedidas por la Ley de la Amazonía, a la actividad forestal
se le limita el acceso al bosque negándole este tipo de incentivos e imponiéndole una
serie de tasas y condiciones económicas difíciles de soportar, sobre todo por los
pequeños extractores.
Las Concesiones
Según el texto promulgado, la explotación de la madera se realiza en unidades de
aprovechamiento de 5 mil a 40 mi Has que se otorgan en concesión mediante subasta o
concurso público (ver Lo nuevo...). En todos los casos en base a planes de manejo y
sujeto al pago de un derecho por el valor de la madera en pie. Y cuando se trata de
superficies de más de 10 mil Has con el requisito de una carta fianza bancaria. Salvo en
los casos de los llamados bosques locales que otorgará el INRENA a poblaciones rurales y
centros poblados, queda eliminada la adjudicación directa, una figura que en años
recientes condujo a un manejo corrupto de los contratos y permisos otorgados por las
autoridades administrativas.
Por otro lado, también ha sido eliminada una disposición, que figuraba en la versión
originalmente trabajada por la Comisión Legislativa con el INRENA, por la que se
establecía que el Ministerio de Agricultura adoptaría las "medidas necesarias"
para la confomación de pequeñas empresas capacitadas para acceder a los respectivos
contratos forestales. Si bien es cierto que nada impide que el Reglamento de la Ley
considere la adopción de esas medidas, los pequeños y medianos extractores consideran
que la Ley los discrimina. Gandy Dávila señala su acuerdo con establecer condiciones
para preservar los servicios ambiental, económico y social del bosque, pero señala que
los pequeños productores difícilmente podrán competir en subastas o concursos públicos
al lado de empresas que cuentan con capital y acceso a créditos para financiar los
elevados montos de inversión requeridos para hacer los estudios técnicos y dotarse de la
tecnología apropiada a un manejo sostenible de los recursos forestales.
Según Gustavo Suárez de Freitas, hacer manejo forestal puede resultar tan sencillo como
delimitar el área a trabajar, determinar qué se va a extraer, a los cuántos años se
regresará al sitio y qué nivel de intervención se hará o si se dejará que las
expecies extraídas se repongan por si solas. Pero también reconoce que todo depende de
la capacidad económica y del monto de inversión que se esté dispuesto a hacer. Será el
mercado, entonces, el que determine quiénes pueden hacer planes de manejo de manera
apropiada. Bajo esas reglas los pequeños extractores pierden, y nada garantiza que se
acabe con la informalidad en la actividad extractiva como se pretende.
"No se trata de desaparecer a los informales, dice Suárez de Freitas, sino de
volverlos formales con mecanismos de acceso que el Reglamento de la Ley tendrá que
detallar". De acuerdo al plazo establecido la reglamentación de la Ley debe estar
lista en 60 días calendarios, es decir a mediados de setiembre. Se reclama que su
elaboración se haga en consulta con todos los sectores involucrados para incorporar no
solamente lo que no hay que hacer, sino también, y sobre todo, lo que se debe de hacer
para un manejo sostenible de los bosques amazónicos y fomentar las potencialidades
forestales de la sierra.
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