Escribir a : |
La Revista Agraria Nº 12 - Lima-Perú, febrero 2000
Tecnología:
Tambogrande:
¿es inevitable el conflicto? ¿es posible el diálogo?
Cuando
hablamos de empresas mineras en el Perú asociamos su trabajo con territorios
de muy escasa población, en las alturas de las punas o en el desierto
costero. Además, reconocemos algunos departamentos de vieja tradición
minera como Pasco y Junin.
Sin embargo, las ventajas ofrecidas por el gobierno -y la normatividad que las refrenda- a
inversionistas mineros está cambiando esa vieja imagen de la mineria. En Piura,
departamento sin tradición minera, en una de las zonas de mayor desarrollo relativo de la
agricultura, se ejecuta el proyecto minero de Tambogrande, que incluye en planes futuros
la posible reubicación de una población urbana que supera los doce mil habitantes. La
desinformación y desconfianza respecto al impacto de la actividad minera en la
agricultura de la zona ha generado una situación de conflicto.
El distrito de Tambogrande ocupa un área de más de 60 mil hectáreas y su población
total bordea los 70 mil habitantes, dedicados principalmente a actividades agrícolas. El
paisaje actual del distrito es producto directo de la construcción, desde la década del
50, de un reservorio que permitió la incorporación de terrenos desérticos a la
producción agrícola, Se creó, asi, el valle de San Lorenzo, uno de los pocos ejemplos
exitosos de gran inversión a largo plazo, que ahora explica la economía de miles de
personas y familias, que compraron tierras y colonizaron la irrigación.
El 80% de la exportación nacional de mango proviene de San Lorenzo generando alrededor de
12 millones de dólares en valor anual. Las plantaciones de limón –150 mil toneladas
métricas anuales- representan 24 millones anuales. La Asociación de Colonos de San
Lorenzo señala que sumada la producción de estos dos productos a la de otros cultivos el
valor anual de la producción agrícola en Tambogrande alcanza 100 millones de dólares.
Es en el corazón de esta importante área agrícola que la Cia. Manhattan Minerals de
origen canadiense obtuvo en mayo de 1999 autorización para iniciar operaciones
exploratorias en un área de concesiones de 10 mil hectáreas. Además, Manhattan posee
las concesiones de Lancones -74,000 hectáreas- y Papayo, con 3 mil hectáreas.
Manhattan desarrolla ahora la segunda fase del programa de exploración, que debe culminar
el próximo abril, con seis equipos de perforación, hasta completar 40,000 metros de
perforación diamantina. Desde el inicio de sus operaciones, se han sucedido una serie de
hechos reseñados por el Boletín "Actualidad Minera" del Instituto
Cooperación.
La empresa Manhattan descuidó su adecuada relación con la población de Tambogrande,
implementando una estrategia de desinformación sobre la magnitud del proyecto y sus
impactos posibles, y realizando una campaña que sostiene que puede conciliarse la
actividad minera con la importante producción agrícola de la zona.
La empresa no aceptó inicialmente ningún diálogo con las organizaciones existentes en
la zona. En resumen, nunca se realizó ninguna consulta a la población urbana o a los
agricultores, salvo los dos acuerdos con las comunidades campesinas de la zona, en
condiciones muy desfavorables para éstas y sin cumplirse el requisito legal de ser
aprobados con mas de 50% de los comuneros en asamblea.
Sin estudios técnicos suficientes, sin información transparente y objetiva a la
población, sin consultas a los afectados, con una autorización ilegal de la Alcaldía
local (que no tuvo previa aprobación de un expediente técnico por el Consejo de
Regidores), con una campaña muy agresiva de los medios de comunicación regionales contra
las organizaciones de pobladores y agricultores, el enfrentamiento no es de extrañar. En
los últimos meses se ha llegado al extremo de enfrentamientos físicos, destrucción de
maquinaria e inicio de juicios a una treintena de dirigentes.
Es sólo a partir de los reclamos de los pobladores que la empresa ha aceptado iniciar un
diálogo con las organizaciones locales. El mismo gobierno ha decidido realizar una
consultoría en la zona, e incluso el propio Ministro del sector la ha visitado, mientras
la población continúa promoviendo reuniones y debates para decidir sobre su estrategia
futura.
Representantes de la Manhattan participaron en el reciente congreso regional de
Comunidades afectadas por la minería que se realizó en la misma localidad de
Tambogrande, pero no han sido claras las explicaciones sobre los procesos que seguirán en
el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, y la reubicación de la población urbana
teniendo en cuenta que ya se inició la perforación de pozos en el pueblo.
Para los agricultores de San Lorenzo es difícil concebir que en el futuro la actividad de
la mina no alterará su base productiva. Más aún, si tampoco se ha explicado cómo se
distribuirán las aguas de la irrigación para cubrir las necesidad de la actividad
agricola y la minera.
La única ventaja, a priori, que podría tener la explotación minera sería la
reinversión local directa de parte de las ganancias que la empresa obtenga. Pero la
estructura centralista del Estado tampoco permite concebir una mejora en las condiciones
de vida de la población. Las inversiones mineras en las condiciones actuales y con el
centralismo existente generan muy pocas posibilidades de impulso del desarrollo local.
Aceptando incluso que el ingreso minero bruto podria ser superior al que genera la
actividad agraria, muy poco de él se retendría en la localidad y el período de
explotación intensiva apenas duraria entre 10 y 15 años, ¿y después qué?
A pesar de este futuro difícil, la empresa debería de inmediato reconocer la existencia
del conflicto y actuar en consecuencia con una política de información transparente y
diálogo con la población que incluya aspectos cruciales: reubicación de la zona urbana,
uso de aguas, impactos ambientales, y sobre todo relación con la agricultura.
Por su parte, luego de las inevitables protestas de las organizaciones de la población,
éstas deben sustentar sus propuestas adecuadamente, proponiendo alternativas aceptadas
por toda la población de Tambogrande.
La población de Tambogrande demanda información y una evaluacion beneficio-costo de la
presencia frente a la ausencia del proyecto minero, a fin de crear condiciones que
permitan una consulta popular o referendum para garantizar una solución sostenible.
Portada - Editorial - Artículo - Coyuntura - Cosechando datos - Tecnología - Normas legales - Publicaciones Eventos - Estadística