Hay preocupación en los agricultores familiares y poblaciones campesinas e indígenas del Perú que subsisten en tierras colectivas y denuncian los impactos negativos de las actividades extractivas. Las preocupaciones cotidianas se han agravado con el discurso del "Perro del Hortelano" del presidente Alan García Pérez, quien explícitamente ha manifestado que “Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hec-táreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, ad-más cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción.” También que “para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir…”

Con claridad el presidente García va al fondo del problema: ¿quién debe disponer de los recursos naturales del país que, constitucionalmente, son de toda la nación? La gran inversión. ¿Quiénes no deben disponer de ellos? Las comunidades. ¿Por qué? Porque no tienen ni la educación ni los recursos económicos suficientes. Y como no tienen educación ni economía, sus derechos de propiedad no son plenos, es aparente.