Olmos puede ser caldo de cultivo de un conflicto social que nadie quiere.

Jaime Escobedo, abogado del CEPES, y coordinador del portal web “Observatorio de Tierras y derechos”, destaca la importancia de postergar la subasta de las tierras de Olmos como una medida para reevaluar los aspectos controversiales del proyecto. Una crítica principal a la subasta es que en la práctica significa una exclusión de los pequeños agricultores de la zona. En la siguiente entrevista muestra su preocupación ante lo que podria convertirse en nuevo conflicto social.

CEPES: ¿Cuáles son los objetivos del Observatorio de tierras y qué temas vienen trabajando?.

El proyecto del Observatorio monitorea cuatro grandes procesos que están ahorita en curso en el Perú. El primer proceso involucra el acaparamiento de las tierras; el otro  es el que involucra el mercado de tierras, es decir cómo las diferentes normas, aprobadas desde el gobierno de Alberto Fujimori, han ido flexibilizando las condiciones para permitir que las tierras de las comunidades vayan a manos de grandes grupos económicos; el tercer gran proceso es el que tiene que ver con concesiones de recursos naturales; el cuarto gran proceso es acerca de  los cambios en el sector azucarero, cómo las grandes dimensiones o extensiones de las tierras que estaban en manos de cooperativas han sido  transferidas a grandes grupos económicos que actualmente controlan el mercado azucarero en el Perú. Todos estos grandes procesos, en mayor o menor medida se materializan en  la ejecución actual del  Proyecto Olmos.


Sobre el Proyecto Olmos ¿Cuánto ha invertido el Estado en este proyecto?

El Proyecto Olmos tiene tres componentes. El primer componente involucra el trasvase de las aguas de río Huancabamba hacia las pampas de Olmos y  algunos sectores de Piura; el segundo componente es el hidroenergético que permitiría aprovechar la caída del agua para la generación eléctrica y el tercer componente sería el riego propiamente. Actualmente el Proyecto esta en fase de ejecución de la primera etapa y una vez que Trasvase Olmos (empresa concesionaria filial de Odebrecht) termine esta etapa, el Estado tiene que empezar a pagar poco menos de 500 millones de dólares durante 15 años.

¿Hay derechos de propiedad vulnerados en las tierras que son parte del Proyecto?

Bueno sí, en el año 99 se emitió un decreto supremo en el que se confiscó las tierras de la Comunidad Campesina de Santo Domingo de Olmos, aproximadamente 111 mil hectáreas; en parte de estas tierras confiscadas es que se  ejecutará el Proyecto Olmos. Lo que hizo el gobierno fue utilizar este decreto supremos para transferir las tierras que no estaban registradas e inscribirlas en manos del INADE. La ley debió expresar cuál era el interés público o social para la expropiación. La única justificación es que no estaban registradas.  Además hasta la fecha la comunidad no ha recibido ninguna indemnización  ni un pago.

También hay otros derechos, que son más bien derechos de acceso a las nuevas tierras de Olmos. Estas tierras corresponden a todos los pequeños agricultores, que desde el año 1920  han estado escuchando que las tierras del Proyecto Olmos les iban a ser entregadas a ellos para permitir una producción constante, porque se supone que iban a ser tierras con riego permanente.

Usted ha afirmado en varias oportunidades  que el Proyecto Olmos no beneficia a los 700 comuneros que están asentados en el valle,  porque no están inmersos en la subasta de las tierras. ¿Cuáles son los principales cuestionamientos a la subasta que se realizará el próximo 24 de septiembre?

A nivel de medios hay mucha confusión y manipulación de parte de los promotores del Proyecto Olmos. Se aduce por ejemplo que el Proyecto  permitirá la entrega de 4 mil 500 hectáreas a 700 comuneros o pequeños agricultores y que ésta sería la cuota de inclusión del proyecto. Pero eso no es así. Hay que diferenciar que el Proyecto Olmos está dividido en dos grandes sectores, uno  es el que se va a subastar  (38 mil hectáreas) y sobre éstas los pequeños agricultores no van a tener ninguna posibilidad de participar porque el lote de menor dimensión es un lote de 250 hectáreas; si multiplicamos por  4 mil 250 dólares -que es el valor de cada hectárea- estamos hablando de un millón de dólares el lote más pequeño.  ¿Dónde se aplica el componente inclusivo que alegan? Además de las 38 mil hectáreas se van irrigar 5 mil 500 hectáreas en el sector Valle Viejo. Pero estas tierras son de la comunidad, no son tierras que  les están regalando.

¿Qué implicancias tiene esta forma de repartir los lotes?

El diseño actual del Proyecto Olmos es una prueba evidente del acaparamiento de la propiedad rural en manos de grandes inversionistas. El hecho de que una gran empresa domine 38 mil hectáreas -de un valle que pasaría a ser uno de los valles más grandes de la costa- no solo debe ser evaluado en términos productivos; 38 mil hectáreas no es solo para producir, el dueño también tiene el control político y mucha influencia en las decisiones para  el desarrollo de esa localidad. También en el tema medioambiental porque finalmente va a tener una posibilidad de controlar el territorio. Y finalmente tiene que ver con un tema de inclusión porque si una o dos personas controlan toda una comunidad ¿de qué inclusión estamos hablando?.

La asociación de Defensa de la comunidad de Olmos afirma que las tierras del proyecto le pertenecen a la comunidad y han solicitado que sean devueltas. ¿Estamos frente a un conflicto social?

Sí, son 114 mil hectáreas que fueron confiscadas durante el gobierno de Fujimori. Parte de los pedidos del Frente de Defensa y de la Comunidad Campesina de Santo Domingo es que el Estado respete el derecho de propiedad que ellos tenían sobre estas tierras.  Hay alternativas de que el Estado los compense entregándoles nuevas tierras, otros piden que se les devuelva las tierras, o un pago en efectivo.

Algunos académicos y especialistas proponen la postergación de la subasta. ¿Qué posibilidades existen?

Para nosotros la postergación de la subasta debe ser resultado de un acuerdo político. Es necesario porque es un proyecto que tiene varios flancos débiles, uno de ellos es el tema de la expectativa de la población.  Desde el año 1920 están esperando que se les entreguen tierras a cambio de un pago que ellos deben hacer. Si luego de casi 100 años ven que llegan personas de otros lugares, incluso del extranjero, y que se van a apoderar de estas tierras, esto puede ser caldo de cultivo de un conflicto social que nadie quiere. También hay expectativas de parte de la comunidad campesina, por el tema de sus tierras. Para evaluar todos estos aspectos es necesaria la postergación de la subasta.

Opinión

  • Fernando Eguren
    En su blog "Cosechando opiniones", Eguren reflexiona sobre la relevancia de la agricultura familiar para el desarrollo rural

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  • Laureano del Castillo
    En su blog, el Dr. Del Castillo comenta la legislación agraria y rural
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