Indiferencia oficial ante la agricultura familiar

Artículo escrito por Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES, para Ideele Revista Nº 245


Tres años han transcurrido desde el inicio del actual gobierno, el cual generó expectativas entre sectores populares e inquietudes entre el empresariado. El inicio del 2013 se mostraba esperanzador, con su declaración oficial como “Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria”, el significativo incremento del presupuesto del Ministerio de Agricultura y la creación de un fondo de mil millones de soles para ejecutar mejoras de riego en comunidades altoandinas (a través del Programa Mi Riego) durante ese año. Sin embargo, el tiempo transcurrido no hace sino sembrar dudas sobre lo que puede lograrse en lo que queda de este gobierno. 


Coincidentemente, el año 2014 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Año Internacional de la Agricultura Familiar, con el objetivo principal de incrementar la visibilidad de este importante sector, así como llamar la atención sobre su estratégico papel. En los párrafos que siguen intentaremos un balance de la política agraria del gobierno de Ollanta Humala, tomando en cuenta lo realizado en este período así como los desafíos pendientes para atender la compleja realidad del sector agrario, conformada mayoritariamente por lo que ahora se conoce como agricultura familiar. 

 La dura realidad 

 Lo primero que hay que decir es que nuestra agricultura está predominantemente formada por la agricultura familiar, lo que antes se llamaba simplemente pequeña agricultura o agricultura campesina. Un reciente estudio, realizado en base al IV Censo Nacional Agropecuario (Cenagro), desarrollado a fines de 2012, indica que el 99% de las Unidades Agropecuarias en el país corresponde a agricultores familiares. Usando los datos del IV Cenagro y de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2012 el mencionado estudio muestra que el 86% del valor de la producción agrícola se concentró en la agricultura familiar (frente a solo 13% de la agricultura no familiar). Adicionalmente, el 93% de los ocupados en el sector agropecuario proviene de hogares de agricultura familiar. 

 En tiempos de orgullo nacional por nuestra gastronomía y de preocupación por la seguridad alimentaria conviene saber que el 75% de los alimentos consumidos en el país proviene de la agricultura familiar. En efecto, los datos del IV Cenagro señalan que el 75% de las tierras cultivadas con alimentos se encuentran en predios agrícolas menores de 10 hectáreas. 

 Lo que las estadísticas oficiales nos muestran es, entonces, un cuadro en el cual la agricultura familiar debería ser objeto de mayor atención. Pero los responsables de nuestra política agraria y de la política económica no hacen caso a esa realidad. Desde hace por lo menos un par de décadas, los gobiernos de turno y los sectores neoliberales siguen postulando que el desarrollo de la agricultura en el país solo es posible apoyando a la llamada “agricultura moderna”, entendiendo por tal a las empresas agroexportadoras y a empresas asentadas en grandes extensiones. El tristemente célebre artículo del expresidente Alan García: “El síndrome del perro del hortelano”, lo decía sin medias tintas: “… tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero...”. 

 A contrapelo de esa visión desfigurada de la realidad rural, un reciente estudio de la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), calcula que existen en todo el mundo alrededor de 570 millones de fincas o unidades agropecuarias, de las cuales más de 500 millones se consideran como agricultura familiar, siendo esta mayoría en todos los continentes y en todos los países. Por tanto, la nuestra no es una realidad exótica sino, por el contrario, es expresión de una realidad generalizada en el mundo. ¿Por qué no hay entonces una política agraria que, como en otras latitudes, apoye y promueva la agricultura familiar? 

 Es difícil responder a la pregunta anterior. Pero lo que sí se puede decir es que hay muy tangibles beneficios gubernamentales para la gran empresa agraria, para la exportación y para los agronegocios en general, pero muy poco para la agricultura familiar. La más clara señal de esto es la vigencia desde 1996 y por 25 años, esto es hasta diciembre de 2021, de la Ley de Promoción Agraria (sustituida por la Ley 27360) que entre otros beneficios rebaja en 50% el impuesto a la renta de las empresas agrarias. 

 Algunos avances 

 Haber concretado el IV Cenagro en 2012 es un indiscutible logro para conocer el agro nacional y poder así perfilar políticas más adecuadas. El censo anterior tenía más de 18 años de vigencia y se había realizado casi inmediatamente después de profundos cambios en nuestra política y legislación agraria. 

 Haber logrado un mayor presupuesto para el sector agrario, aunque parece que volverá a reducirse en 2015, resulta destacable. A ello se debe agregar el fondo de mil millones de soles de Mi Riego, que aunque fue anunciado para ejecutarse en 2013, por problemas de ejecución se ha venido usando en este año. 

 En otro plano, la aprobación de una nueva Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a fines de 2013 cerró el breve período de incertidumbre que había generado su conclusión en julio de ese año. En el primer semestre de 2013 también se realizaron cambios en la institucionalidad del propio Ministerio de Agricultura, ahora denominado como de Agricultura y Riego (Minagri). La novedad más importante fue que el Minagri recobró la función rectora en materia de saneamiento y titulación de predios rurales, sabiendo que la ejecución de estas tareas correspondía a los gobiernos regionales. 

 Asimismo, en abril de este año, con algún retraso, el Gobierno creó la “Comisión Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014” (AIAF), definida como Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, adscrita al Minagri. 

 Muchos pendientes 

 Junto a los indudables logros mencionados en las líneas anteriores debe mencionarse también una lista de temas por atender. En primer término, se requiere aprobar el Plan Nacional, que define cómo aplicar la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolecentes, que pretende regular la publicidad y consumo de alimentos no saludables (conocidos como comida chatarra), aprobada en mayo de 2013, aún no ha sido reglamentada. Preocupa que la propuesta difundida no tome en cuenta la propuesta de la Organización Mundial de la Salud-Organización Panamericana de la Salud. Está también pendiente la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada el año pasado por el Pleno del Congreso, que luego de superar algunas observaciones, no ha sido promulgada, habiendo vencido el plazo para que el Ejecutivo la observe. 

 En el Año Internacional de la Agricultura Familiar se esperaba también la aprobación de una Ley de Agricultura Familiar, más aún si el Parlamento Andino tiene una propuesta en esa línea. Se espera también conocer cómo se ha avanzado en la ejecución del programa Mi Riego, del que los reportes mencionan cifras globales de compromisos, pero se requiere conocer mayores detalles. 

 La reciente aprobación de la Ley 30230 (conocida como el “paquete reactivador”) ha generado preocupación, pues más allá de los cuestionamientos por relajar la regulación ambiental, Cofopri (que depende del Ministerio de Vivienda y Construcción) reaparece con atribuciones en materia de saneamiento de predios rurales, en claro retroceso de lo avanzado por el Minagri y a punto de iniciar un nuevo proyecto de titulación masiva con el apoyo del BID. 

 Distintas voces a favor de los transgénicos se vienen alzando asimismo para dejar sin efecto la moratoria al ingreso de semillas transgénicas que el país decretó hace algún tiempo, en resguardo de nuestra agrobiodiversidad. En el Congreso se anuncia un proyecto de ley para eliminar la mencionada moratoria. 

 Además, los distintos programas, proyectos y acciones desde el Minagri no están suficientemente articulados con los gobiernos regionales y locales. Un economista cuzqueño en una reciente reunión hablaba de más de 600 proyectos (del gobierno nacional, del gobierno regional y de los gobiernos locales) que sin mayor coordinación entre ellos vienen usando inadecuadamente los fondos públicos. 

Poca importancia 

 Los hechos reseñados en forma tan breve dan cuenta de la poca importancia que el actual gobierno asigna a la agricultura familiar, insistimos, la mayoritaria en el país. Ni en el discurso de 28 de julio del Presidente Humala ni en la presentación ante el Congreso de la Presidente del Consejo de Ministros, Ana Jara, la agricultura mereció suficiente atención, como no sea nuevamente para hablar de grandes proyectos de irrigación, pensando en la exportación. 

 El tan mentado Plan Nacional de Diversificación Productiva tampoco es una excepción. En todo caso, no se piensa en la agricultura familiar como uno de sus “motores”. Como señala Fernando Eguren: “en general, el plan mira mucho hacia la economía exportadora y poco hacia el fortalecimiento del mercado interno”. 

 Un reciente informe conjunto de FAO, CEPAL e IICA, además de concluir en la importancia de contar con información sobre la agricultura familiar, destaca la puesta en práctica de políticas de apoyo a este sector con perspectiva territorial y multidimensional. Pero eso no parece tener eco en nuestros actuales gobernantes. 

Más información: Artículo original.

Opinión

  • Fernando Eguren
    En su blog "Cosechando opiniones", Eguren reflexiona sobre la relevancia de la agricultura familiar para el desarrollo rural

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  • Laureano del Castillo
    En su blog, el Dr. Del Castillo comenta la legislación agraria y rural
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