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Claudia Cisneros, comentarista en La República
 

comenta que Edwin Chota murió como los árboles que defendía. Con la dignidad que le da una vida entregada a hacer sentido de su entorno y con el reconocimiento que le otorga ser un humano preocupado por algo más que su persona.

Se ocupaba de su familia-esposa-hijos pero se preocupaba casi tanto por su gran familia-comunidad Saweto, y le importaba también una comunidad más grande todavía: Perú, aunque el país fuera con él, y con todos ellos, tantas veces tan ajeno, distante y perversamente excluyente. Una década de trámites como callejones sin salida nunca lo desanimaron.

Era de la selva, peor aún de la selva peruana, y mucho peor, de la selva peruana fronteriza, o sea, de los peruanos tratados como menos peruanos o como casi no-peruanos por un Estado monocultural que ha heredado con comodidad su histórica ausencia en nuestra compleja geografía verde.

Por años bajo la coartada de la falta de recursos, argumento hoy insostenible. Esta semana la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología del Congreso acordó pedir al Pleno del Congreso facultades de Comisión Investigadora.

¿Por qué una comisión más? Porque el sistema de control y fiscalización local y regional en Ucayali está infestado, tomado por la ilegalidad. Según entendidos, el 80% de la madera de Ucayali sale por tala ilegal y blanqueo de madera.

Es decir, el sistema formal está montado sobre un subyacente, vigoroso y hediondo sistema ilegal de mafias anónimas, y de otras compuestas por los propios madereros legales que utilizan permisos forestales de las comunidades para blanquear madera ilegalmente talada.

¿Cómo lo hacen? Persuaden a algunos miembros de la comunidad para que trabajen con ellos y para formalizar madera que no tienen permiso de cortar, sea porque no es el diámetro autorizado o porque sencillamente excede la cantidad por la que ellos tienen permisos.

Esta semana, tras la denuncia del líder cacataibo Washington Bolívar (comunidad Mariscal Cáceres), un grupo de más de 20 nativos llegó a Lima presuroso para tratar de desprestigiar y desmentir a Washington por haber denunciado la tala ilegal y el blanqueo de madera que se produce en su comunidad bajo los auspicios de madereros de la zona.

Y es que uno de los pedidos radicales de Washington a la Defensoría y al Viceministerio de Cultura ha sido el que se le cancele el permiso forestal a su comunidad por el mal uso que algunos de sus miembros le dan en contubernio con madereros y con la complaciente mirada de funcionarios de OSINFOR y otras entidades del Estado que debieran estar activamente enfrentando a esta, cada vez mayor y más compleja, red de ilegalidad.

Por supuesto que ni los madereros formales que blanquean la madera talada ilegalmente, ni los comuneros que de ello viven están contentos con la inusitada atención estatal y mediática en Ucayali a raíz de la muerte de Edwin y de las denuncias de Washington.

Se han prendido los reflectores en su ilegal actividad y no están dispuestos a cederla así de fácil. Su consigna ahora es presentarse en Lima en gran número, con atuendos que impresionan con un discurso de desprestigio y cuestionamientos al mensajero Washington Bolívar para intentar frenar el impulso fiscalizador que comienza a forjarse hacia la zona.

Pero no solo los madereros ilegales o blanqueadores temen. También la red de funcionarios que durante años ha dejado que esto crezca mientras engorda sus ingresos. Recordemos que Edwin Chota Valera hizo hasta dos denuncias de tala ilegal y blanqueo, en las que consignaba nombres y apellidos de los funcionarios estatales y regionales implicados.

El propio ex fiscal ambiental José Berrospi agarró con las manos en la masa a uno de estos funcionarios. ¿Cuál fue la respuesta del aparato de fiscalización? Las denuncias de Edwin fueron archivadas y el fiscal Berrospi arrancado de su cargo.

Recordemos que Washington Bolívar, cuya denuncia de tala ilegal también ha sido archivada, tuvo que viajar a Lima tras la muerte de Edwin porque también venía siendo amenazado desde hacía un año, a él también las mafias lo tienen bajo amenaza de muerte. Esta semana los jefes de otras tres comunidades de Ucayali (Puerto Nuevo, Puerto Azul y Sinchi Roca) también han llegado a Lima para denunciar exactamente lo mismo: tala ilegal en sus comunidades, amenazas de madereros.

Y todos, sin excepción, señalan un mismo origen de sus males: la inoperancia cuando no negativa del Estado para titular de una vez por todas sus tierras. Más de 500 comunidades en el Perú se encuentran indefensas ante la arremetida de los ilegales, de las transnacionales, de las concesiones superpuestas a sus territorios ancestrales solo porque el gobierno no termina de titularlas.

Por todo esto es que urge una comisión especializada del Congreso que pueda dar no solo con los verdaderos responsables materiales de la muerte de Edwin Chota y los otros tres líderes ashaninka, sino también las responsabilidades de los funcionarios que por acción u omisión contribuyeron con estos asesinatos.

Pero no solo eso, urge que se presione para acelerar la titulación que dé seguridad jurídica a estos peruanos que no merecen menos. Urge que el gobierno exceptúe a los pueblos indígenas del peligrosísimo régimen del Título III de la Ley 30230, que faculta a COFOPRI a expropiar cualquier zona territorial del país con tan solo declararlo de “interés nacional”.

Urge que desde el Congreso se otorguen facultades investigadoras a la Comisión de Pueblos Indígenas (CAAAAP) y que el Ejecutivo deje el show local e internacional que ha montado en el marco de la COP20 de la que seremos anfitriones a fin de año, y Ollanta Humala se comprometa de una vez por todas a abordar esta problemática antes de que sea demasiado tarde y nuevamente nos estalle, con sangre, a todos en la cara.

Fuente: La República

 

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