LEGISLACIÓN DE AGUAS PERUANA
La norma más importante de la legislación peruana en materia de recursos hídricos es la Ley General de Aguas, Decreto Ley Nº 17752, promulgada en julio de 1969, en los inicios del Gobierno Militar que llevó adelante un importante proceso de reformas en la economía y la sociedad peruana.
Concebida como un complemento de la Ley de Reforma Agraria, la Ley General de Aguas estableció como norma fundamental que todas las aguas, sin excepción y cualquiera fuera su estado físico y ubicación, pertenecen al Estado. Como consecuencia de ello, correspondía a la Autoridad de Aguas una serie de funciones y responsabilidades: facilitar el acceso a los particulares a los diversos usos, sancionarlos cuando incumplieran algunas de sus obligaciones, realizar estudios, encargarse del mantenimiento de la infraestructura hidráulica, entre otras. Para estos efectos la Autoridad de Aguas estaba diseñada en torno a una Dirección General de Aguas y un Administrador Técnico del Distrito de Riego, en cada uno de ellos. Al Ministerio de Salud se encargó los asuntos relacionados a la calidad del agua. En el marco de la Ley General de Aguas, todos los particulares requieren una licencia, un permiso o una autorización para aprovechar el agua, derechos sujetos a las normas pertinentes.
La Ley General de Aguas está vigente aunque ha sufrido algunos cambios. Los principales de ellos están contenidos en el Decreto Legislativo Nº 653, promulgado en 1991, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Con este Decreto Legislativo se crearon las Autoridades Autónomas de Cuenca Hidrográfica (alterando la organización estatal establecida en 1969) y se rompió la lógica de la Ley, particularmente afectando el principio de aleatoriedad en el uso del agua.
Los cambios más importantes, sin embargo, se han producido en la reglamentación de la Ley General de Aguas. El Reglamento de la Ley se dio por partes, haciendo en total 9 reglamentos, los cuales han sufrido numerosos cambios en estos años. Entre los aspectos que se han visto más alterados están los relativos a las organizaciones de usuarios, a las cuales se les ha transferido paulatinamente mayores funciones y responsabilidades. Como parte de ese proceso de modificación paulatina de la legislación de aguas se trató de impulsar desde el Gobierno, entre 1993 y 1997, la aprobación de una nueva Ley de Aguas.
La vigencia de una nueva Constitución en 1993 y la aprobación de la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, en 1997, son algunas de las razones para pensar en la necesidad de una revisión y modificación de la vigente Ley General de Aguas. En esa línea se viene discutiendo un Proyecto publicado en abril de 2003 que fue elaborado por la Comisión Técnica Multisectorial que fuera creada en diciembre de 2002.
Este esfuerzo de sistematización de la legislación de aguas por parte
del Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES, ha sido posible
gracias al valioso apoyo del Proyecto de Gestión del Agua y el Ambiente en
Cuencas - GSAAC.
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